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Boletín de prensa 9 de septiembre de 2011
EL TIEMPO
ESPACIOS PÚBLICOS DEBERÁN TENER ZONAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS
En una estación del Metro de Medellín no hay una entrada especial para personas en silla de ruedas.
Así lo establece un proyecto de ley que radicó este jueves el Ministro del Interior en el Congreso.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó este jueves en la Secretaría de la Cámara un proyecto de ley que busca garantizar los derechos de los discapacitados. Entre otras medidas, se establece que los espacios públicos deberán tener zonas de acceso para esta población.
La iniciativa indica que las entidades municipales y distritales deberán "diseñar en un término no mayor a un año un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción" para los discapacitados.
Vargas Lleras explicó que este proyecto busca garantizar el derecho al trabajo de las personas en condición de discapacitadas, a través de planes de capacitación y acompañamiento que, entre otras instancias, manejará el Sena.
"Se asegura la señalización para personas con discapacidad en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos. Se asegura la accesibilidad y la adecuación de vías, aeropuertos y terminales", dice la iniciativa.
El Gobierno espera que este proyecto en favor de la población discapacitada inicie su trámite rápidamente en la Cámara.
"EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA NO ES SOLAMENTE DE PLATA": SANTOS
El Presidente afirmó que la justicia lenta es una forma de injusticia.
Santos le envió a la rama judicial, congregada en Manizales en el XXVII Encuentro nacional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que se instaló ayer y sesionará durante tres días, el mensaje de que no deben esperar un incremento en su presupuesto.
Santos afirmó que de acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, el presupuesto de inversión de la rama judicial en el 2010 fue de 152 mil millones de pesos, de los cuales sólo ejecutaron el 87 por ciento y el 70 por ciento quedó en reserva presupuestal para el año en curso.
"Afirmar que una mejor justicia depende únicamente de mayores presupuestos solamente, sería simplificar la problemática tan compleja que afronta la rama", afirmó.
El Presidente expresó que la gestión de los jueces y su eficiencia no es la mejor. "Los presupuestos rinden más cuando la gestión es eficiente", precisó e inmediatamente invitó a los jueces "a incrementar la eficiencia en términos presupuestales y racionalizar y distribuir los gastos de forma más eficaz".
Santos les propuso a los jueces realizar un estudio técnico para establecer los recursos que necesita la rama "porque sería irresponsable con la justicia y con el país casarnos hoy con determinado porcentaje del presupuesto nacional".
Antes de la intervención del Presidente de la República el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo Gómez, comentó que esperan que la rama judicial "cuente con recursos suficientes en el presupuesto nacional del 2012 para poder cumplir los compromisos que la Constitución Política y las leyes le imponen frente a los ciudadanos".
EDITORIAL: A RAÍZ DE UN ANIVERSARIO
Es evidente que la Carta Democrática Interamericana necesita un remozamiento.
El próximo 11 de septiembre no será un domingo más. Ese día el mundo recordará los salvajes ataques terroristas contra Nueva York y Washington ocurridos hace 10 años, debido a los cuales sucedieron tantas tempestades.
Pero al mismo tiempo, en diversos ámbitos se conmemorará otro aniversario. Y es que a las pocas horas de los trágicos episodios referidos, una asamblea extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos aprobó por aclamación en Lima la Carta Democrática Interamericana. El manifiesto dejó claro que la democracia no solo es un derecho de los pueblos del hemisferio, sino que los 34 países que integran la entidad tienen también el derecho a defenderla en forma colectiva.
En su momento, el nuevo instrumento fue visto con optimismo en una región en la cual, hasta hace un par de décadas, los gobiernos de facto eran la norma. El mensaje salido de la capital peruana fue que ningún régimen que quebrante el marco institucional es aceptable en las Américas.
No obstante, los observadores señalaron que, si bien la Carta era muy útil en casos en los cuales los dilemas fueran entre el blanco y el negro, podía tener problemas a la hora de distinguir matices de gris. Ese señalamiento tuvo lugar cuando empezaban a consolidarse ejemplos de caudillismo, mediante los cuales un líder elegido por voto popular podía perpetuarse en el poder y tener una creciente injerencia en las ramas legislativa y judicial.
Tal dificultad no quiere decir que el marco haya sido inoperante. Desde septiembre del 2001, la Carta Democrática ha sido invocada nueve veces para tratar problemas en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Honduras y Haití. En la mayoría de las oportunidades las amenazas han sido conjuradas, aun cuando no todas han tenido igual gravedad.
Sin embargo, el descalabro de la OEA a mediados del 2009, cuando en Tegucigalpa fue removido por la fuerza el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, mostró la inoperancia del instrumento cuando fracasaron las sanciones iniciales y las soluciones tomaron largo tiempo. Si bien el país centroamericano recuperó la senda democrática, solamente en junio fue readmitido plenamente en la comunidad regional.
Ante lo ocurrido en esa ocasión, es evidente que la Carta necesita un remozamiento, que podría incluir darle algunas funciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o crear la figura del relator para la democracia en el hemisferio.
La cuestión es que, mientras esa discusión se lleva a cabo, la OEA enfrenta la peor crisis en 62 años de historia. No solo su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, recibe dardos de las más diversas capitales por su estilo de liderazgo, sino que ahora afronta una crisis financiera descomunal. Así, Estados Unidos ha puesto en entredicho el pago de su cuota de sostenimiento anual, que representa el 60 por ciento del presupuesto del organismo. Eso les ha dado pie a quienes cuestionan la validez de un foro en el cual Washington tiene presencia.
Extenderle la partida de defunción a la OEA y perder la oportunidad de mejorar la Carta Democrática serían dos errores garrafales imperdonables. Sin desconocer que hay mucho por arreglar, el continente necesita un escenario en el que todos puedan desarrollar la cooperación mutua y tramitar sus diferencias. Por eso, con miras a la Cumbre Interamericana de Presidentes, que tendrá lugar en Cartagena el próximo año, Colombia debería tomar la iniciativa e impulsar reformas que mejoren la institución hemisférica y les den más herramientas a los esfuerzos por preservar la democracia en esta parte del mundo.
EDITORIAL: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
El Gobierno está en mora de proteger la salud sexual de cientos de miles de colombianas.
A pesar de constituir un eje de debate político, ideológico y hasta moral en el país, el aborto es un tema poco explorado en profundidad. De ahí la importancia de difundir y discutir con objetividad el contenido de la reciente investigación sobre este fenómeno del Instituto Guttmacher y la fundación Oriéntame.
Los resultados del informe ratifican que las interrupciones voluntarias del embarazo continúan siendo un grave problema de salud pública. Se calcula que cada año en Colombia se producen 400.412 abortos inducidos, esto es, una de cada 26 mujeres en edad reproductiva. Lo más preocupante es que una minúscula proporción -8 de cada 10.000- corresponde a los tres casos que contempla la ley.
En otras palabras, el fallo de la Corte Constitucional que legalizó parcialmente este procedimiento no está siendo implementado a cabalidad y miles de colombianas siguen apostándole a la clandestinidad, a pesar de tener el derecho de exigirlo sin temor. La pasividad del Estado en identificar y remover los obstáculos que les impiden ejercer este derecho es indignante. Ya es hora de sancionar a las instituciones de salud que se dan el lujo de estar por encima de las sentencias del máximo tribunal.
Otros datos del reporte apuntan al alto número de embarazos no deseados. En el 67 por ciento de las ocasiones, la gravidez de una compatriota no es producto de una sexualidad planeada. Esta es una tasa superior en un 25 por ciento a la registrado en el resto de países de América Latina. Tales cifras deben invitar a las autoridades nacionales de salud a desplegar medidas para reducir esta proporción. Es necesario ampliar y facilitar el acceso femenino a métodos científicos de control de natalidad y a opciones de anticoncepción de emergencia. La investigación asimismo confirma que las mujeres pobres y campesinas son más vulnerables tanto al embarazo no planeado como a su interrupción, con alto riesgo para su integridad física.
No deja de sorprender que altos funcionarios públicos y congresistas estén obsesionados por tumbar el fallo de la Corte mientras que el panorama del aborto en Colombia es más complejo, peligroso e inhumano de lo que se pensaba. El Gobierno está en mora de proteger la salud sexual de cientos de miles de colombianas.
EL ESPECTADOR
PERDERÁN PARTE DEL TRATO PREFERENCIAL
Será el Gobierno quien administrará centros de reclusión de menores
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, recordó que hay "verdaderos sicarios" que estaban bajo custodia del ICBF.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció este jueves que su cartera será la encargada de asumir la administración de los centros de reclusión para menores de edad en el país, la cual estaba bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Lleras indicó que esta y otras disposiciones para la judicialización de menores quedaron contenidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, con el propósito de proteger a esta población y no seguir permitiendo que sea utilizada por delincuentes para la realización de actos criminales. “La Ley de Seguridad Ciudadana estableció que en los delitos de secuestro, homicidio, etc., los menores que delinquen van a tener que cumplir 10 años de pena, lo que significa que no pueden ni van a salir a los 21 años, como estaba ocurriendo porque en vez de protegerse al menor, se están convertido en carne de cañón”, explicó el alto funcionario.
El jefe de la cartera política afirmó que muchos de los menores de edad son realmente unos niños y que por eso tendrán asistencia preferencial. Sin embargo, advirtió, que “los menores de 17 y 16 años, en donde hay verdaderos sicarios, deben saber que su responsabilidad será muy distinta y que no van a recuperar la libertad por el sólo hecho de cumplir 21 años”.
EN COLOMBIA QUEDARÍA PROHIBIDO EL USO DE ANIMALES EN CIRCOS
Maltrato animal
Así queda establecido en un proyecto de ley que penaliza el maltrato animal.
En Colombia quedaría de manera definitiva prohibido el uso de animales en los circos que se presenten en el país.
Así lo establece un proyecto de ley que “penaliza el maltrato animal” bajo todo contexto. El promotor de la idea, el representante Hernando José Padaui Álvarez, radicó la iniciativa que establece el respeto de la vida, propiciado en “un ambiente sano entorno a la defensa de los animales como sujetos de derechos”.
“Este es un compromiso político de quienes trabajamos no solo por el respeto que merecen los animales, sino por la incidencia positiva en la convivencia social, donde se propone introducir al Código Penal, conductas que atenten contra la vida y bienestar de los animales”, aseguró.
El legislador además dijo que “el debate está abierto, con toda la fuerza que une a estos animalistas por un equilibrio y vida digna para todos los seres vivos”.
La iniciativa cuenta con el apoyo de las organizaciones de protección animal, el trabajo y apoyo de ALTO, plataforma animalista, de la Bancada Política Animalista y especialmente algunas organizaciones en manos del abogado animalista Sergio Manzano y el representante de la ADI Eduardo Peña.
A Padaui lo acompañan los representantes Augusto Posada, Carlos Abraham Jiménez y Juan Carlos Martínez Gutiérrez.
REVISTA SEMANA
EN OCHO AÑOS, ESPACIOS PÚBLICOS DEBERÁN GARANTIZAR ACCESO A DISCAPACITADOS
En el año 2019 sería obligatorio que todos los espacios públicos garanticen zonas de acceso a la población discapacitada. Así lo estipula un proyecto del gobierno
En el año 2019 todos los aeropuertos, terminales terrestres, medios de transporte masivo, centros comerciales, y todos los espacios públicos en general deberán ser adecuados para garantizar el acceso a personas con discapacidad.
así lo estipula un proyecto de ley radicado por el gobierno este jueves en el Congreso y que busca que la población con discapacidad vea garantizado el pleno ejercicio de sus derechos. La iniciativa, según el ministro del Interior, pretende adoptar “medidas de inclusión” y evitar cualquier tipo de discriminación.
En este sentido, el proyecto plantea que las entidades municipales y departamentales deberán diseñar, en un término no mayor a un año, un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción.
El proyecto también busca atender y proteger a las personas con discapacidad según su situación específica y en algunos casos, según su vulnerabilidad.
El proyecto además le otorgará beneficios tributarios y líneas de crédito para todas las empresas que abran plazas en sus nóminas para contratar a personas discapacitadas. “Es una manera de incentivar las ofertas y el trabajo productivo”, explica el gobierno en su exposición de motivos.
En el sistema de seguridad social y salud incorporará los servicios de habilitación y rehabilitación integral para discapacitados.
Otros alcances del proyecto
- El proyecto establece que la Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarán en todos los planes de desarrollo, tanto nacionales como territoriales, así como sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes de la política pública de discapacidad y del Plan Nacional de Intervención para la Incapacidad.
- Adopta un enfoque de inclusión de los niños y niñas con discapacidad y con alto riesgo de adquirir una. Establece programas de detección precoz y atención temprana, como programas de apoyo a las madres, educación inclusiva, estrategias de promoción y pedagogía.
- Dará prioridad a las familias de bajos recursos, a través del establecimiento de un programa de apoyo liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Define mecanismos para que el Sistema General de Seguridad social y Salud incorpore, dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, con estándares de calidad, esquemas de vigilancia y control.
- Establece mecanismos para la formalización del empleo y programas de aseguramiento de riesgos laborales y no laborales de las personas con discapacidad.
- Garantiza el acceso a pensiones y ajustar los programas de subsidios para las personas con discapacidad, para que también se involucren acciones de acompañamiento y apoyo para su desarrollo humano.
- Establece que el ministerio de Hacienda y el de las Tecnologías, podrán, según su sector, otorgar incentivos de carácter tributario -exoneración de tasas arancelarias, estímulos económicos y alianzas público privadas para facilitar el lector de pantalla a personas con discapacidad visual en el trabajo -a quienes empleen a personas con discapacidad.
- El Fondo Nacional del Ahorro (o quien haga sus veces) otorgará créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés preferencial.